La decisión del Gobierno de México de imponer un nuevo paquete de aranceles a importaciones provenientes de países sin tratados comerciales marca un giro relevante en la política industrial del país, pero su verdadero impacto no se medirá en los comunicados oficiales ni en las cifras nacionales, sino en ciudades como Ciudad Juárez, donde la industria manufacturera no es una abstracción macroeconómica, sino la base cotidiana del empleo, el ingreso y la estabilidad social.
El anuncio, realizado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, busca proteger alrededor de 350 mil empleos industriales frente a prácticas de dumping, principalmente de países asiáticos. Chihuahua aparece de inmediato en el mapa de los estados clave, y dentro del estado, Juárez ocupa un lugar central por su concentración de plantas automotrices, metalmecánicas, textiles y de transformación, muchas de ellas integradas a cadenas globales de valor que operan bajo márgenes estrechos y alta competencia internacional.
En términos formales, la medida aplica a 1,463 fracciones arancelarias en 17 sectores estratégicos y entrará en vigor en enero de 2026. El objetivo no es recaudatorio, aunque se proyecta una captación adicional de hasta 30 mil millones de pesos anuales, sino productivo: frenar la entrada de productos con precios artificialmente bajos que presionan a la industria nacional y erosionan el empleo formal. En el papel, el argumento es contundente. En la práctica, el reto para Juárez es más complejo.
La frontera vive desde hace años una paradoja estructural. Por un lado, es uno de los principales polos manufactureros del país; por otro, depende en gran medida de insumos importados, muchos de ellos provenientes de Asia. De acuerdo con cifras del Banco de México, México importa hoy más bienes de Asia que de Estados Unidos y Canadá juntos. China, en particular, concentra cerca de la mitad de esas importaciones asiáticas y representa alrededor del 20% del total de compras externas del país.
Para Ciudad Juárez, esta realidad tiene dos caras. La primera es positiva: los aranceles pueden dar oxígeno a sectores locales que compiten directamente con productos terminados asiáticos, especialmente en ramas como el textil, la confección, el calzado o ciertos componentes industriales. En una ciudad donde cada empleo industrial sostiene no sólo a una familia, sino a una red de servicios, transporte y comercio informal, cualquier política que frene despidos masivos tiene un impacto social inmediato.
La segunda cara es más delicada. Muchas plantas instaladas en Juárez utilizan insumos chinos o asiáticos como parte de procesos productivos integrados a exportaciones bajo el T-MEC. Analistas advierten que China provee hasta 24.6% de productos clave en algunos capítulos industriales, lo que significa que un encarecimiento de insumos podría presionar costos, márgenes y decisiones de inversión si no se acompaña de una estrategia clara de sustitución o relocalización de proveedores.
Este debate ocurre, además, en un momento financiero particular. El peso mexicano inició la última semana completa de operaciones cambiarias de 2025 rompiendo la barrera de los 18 pesos por dólar, acumulando tres semanas consecutivas de ganancias y una apreciación anual superior al 13%. Para Juárez, donde gran parte de la economía gira en torno al dólar, este fortalecimiento tiene efectos mixtos. Un peso fuerte abarata importaciones y ayuda a contener inflación, pero también reduce la competitividad de exportaciones y presiona a empresas que pagan costos en pesos y venden en dólares.
La fortaleza del peso está ligada, entre otros factores, a la reducción de tensiones comerciales con Estados Unidos, al optimismo moderado de los mercados y a la expectativa de un posible recorte en la tasa de referencia del Banco de México. En este contexto, la política arancelaria también funciona como una señal política hacia la revisión del T-MEC: México busca llegar a la mesa de negociación mostrando que protege su planta productiva y no permite prácticas que distorsionen el mercado interno.
Para Ciudad Juárez, el mensaje es claro pero no exento de incertidumbre. La frontera no puede leerse sólo como un territorio beneficiado o perjudicado por decisiones nacionales; es un laboratorio donde confluyen comercio global, política industrial, tipo de cambio y relaciones internacionales. La pregunta de fondo no es si los aranceles son buenos o malos en abstracto, sino si vendrán acompañados de una política industrial regional que permita a las empresas locales adaptarse, sustituir insumos, fortalecer proveedores nacionales y sostener el empleo en el mediano plazo.
En una ciudad acostumbrada a vivir al ritmo de decisiones tomadas lejos de sus calles, los nuevos aranceles representan una oportunidad y un riesgo. La oportunidad de recuperar terreno frente a la competencia desleal; el riesgo de encarecer cadenas productivas sin alternativas claras. Entre ambos extremos se juega algo más que un indicador económico: la estabilidad de una ciudad que depende, como pocas en el país, de que la industria siga funcionando.
