Juárez ya tiene una tecnología que en papel suena futurista, pero en la práctica ya está funcionando: brazaletes electrónicos conectados a la Policía Municipal. El detalle es que la ciudad los usa casi únicamente para una cosa: proteger a mujeres en situación de alto riesgo. Y ahí aparece la pregunta incómoda, la que nadie quiere abrir porque se vuelve un debate explosivo: si el sistema existe, ¿por qué no se usa también como control obligatorio en delitos específicos que están reventando la calle?
Hoy, la SSPM opera brazaletes como mecanismo de protección para mujeres víctimas de violencia, por mandato de tribunales y bajo obligaciones compartidas con la Fiscalía. Norte Digital reportó que cien mujeres mensualmenteportan estos dispositivos conectados a la Policía Municipal de Juárez. La inversión no fue menor: el gobierno municipal compró dispositivos y montó un esquema de reacción para que, si hay riesgo, exista respuesta inmediata. El Diario de Juárez ha explicado que estas alertas se activan para que llegue la unidad más cercana. Y el Heraldo de Juárez confirmó que se instalan cuando hay riesgo inminente, ordenados por un juez o por el Ministerio Público.
Hasta aquí, todo suena razonable: tecnología al servicio de la víctima. Pero el dato que cambia la conversación no está del lado de la protección, sino del lado del imputado. Porque ese mismo sistema casi no se usa para procesados. En marzo de 2024, Norte Digital documentó que solo una persona procesada por delito del fuero común utilizaba brazalete electrónico en el Distrito Judicial Bravos (que incluye Juárez).
Ahí está el vacío político: Juárez ya tiene la herramienta, pero el sistema no la está usando como control duro para evitar que ciertos delitos vuelvan a caminar libres mientras están procesados o bajo medidas cautelares. Y el 2027, con un clima de inseguridad que pesa en cada conversación pública, puede volverse la elección donde esa pregunta explote: ¿qué haría Chihuahua si en lugar de prometer “mano dura” de discurso, la aplicara como regla tecnológica y judicial?
La propuesta radical —y políticamente vendible— no es “pulsera para reincidentes” como concepto abstracto. Es más directa: pulsera obligatoria por delito específico, por los delitos que generan miedo real y repetición operativa. Un paquete claro: violación y delitos sexuales, violencia familiar grave, extorsión/cobro de piso, robo con violencia, secuestro, y portación de arma ilegal en su caso. No porque “suene fuerte”, sino porque son delitos donde el riesgo no se mide por popularidad política, sino por probabilidad de daño y por el efecto social que provocan.
Aquí viene lo que hace la propuesta defendible, no solo escandalosa: la ley ya contempla el instrumento. En México, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las medidas cautelares se imponen por resolución judicial para asegurar presencia del imputado, proteger a la víctima o evitar obstaculización del proceso. Es decir, el “localizador electrónico” no es un invento autoritario nuevo: es una opción legal que existe, pero que se usa poco y de forma desigual.
El salto político sería convertirlo en política pública con reglas duras: no basta con poner el brazalete, hay que poner el sistema. GPS + geocercas + consecuencias. Geocercas automáticas de la víctima y su rutina en violencia sexual y familiar. Zonas prohibidas (escuelas, colonias, corredores comerciales) para ciertos delitos. Horarios restringidos para perfiles de robo violento. Y lo más importante: reacción real si se rompe la medida. Si el brazalete solo sirve para “vigilar en pantalla”, no cambia nada. Si sirve para impedir que el delito vuelva a tocar la calle, cambia todo.
Y no es una locura sin precedentes. En España existe un sistema oficial de seguimiento telemático para prohibiciones de aproximación en violencia de género y violencia sexual, articulado por autoridad judicial y protocolos de actuación. Es decir: no es ciencia ficción, es política pública. El País ha explicado que las pulseras permiten conocer la ubicación del agresor con orden de alejamiento para proteger a la víctima, y documenta que hay miles de casos activos bajo este esquema. También se ha reportado que el sistema ha tenido fallos técnicos y que, cuando ocurre, se activan protocolos complementarios de protección. Ese dato es clave porque te permite escribir con seriedad: sirve, pero no es infalible. Por eso se necesita capacidad operativa, no solo aparatos.
Entonces el debate en Chihuahua no es si se puede. Es si se quiere. Y si se quiere, con qué costo político. Porque una pulsera por delito específico tocaría nervios delicados: derechos, presunción de inocencia, vigilancia del Estado, capacidad tecnológica, presupuesto, saturación de jueces. Pero también tocaría el nervio que hoy manda en Juárez: la vida diaria. La gente no está pidiendo poesía. Está pidiendo control real.
La pregunta que deja esta idea no es cómoda, pero sí es profundamente política: ¿qué vale más en la frontera, el discurso o el control? Juárez ya probó que los brazaletes sirven para proteger víctimas. Ahora falta lo que ningún gobierno quiere empujar porque genera pleito inmediato: usar esa misma tecnología para que ciertos delitos no vuelvan a caminar como si nada mientras el sistema decide.
En Chihuahua, el 2027 será una elección de margen. Pero también será una elección de seguridad. Y la seguridad, para ganar elecciones, no necesita más frases. Necesita decisiones que se sientan en la calle. GPS por delito específico no es un eslogan. Es una forma radical —y perfectamente posible— de demostrar que, por una vez, el Estado sí puede poner límites operativos a quien le arruina la vida a los demás.
