El 1 de enero de 2023, Ciudad Juárez fue testigo de uno de los episodios más violentos en su reciente historia. Un comando armado, vinculado al grupo criminal Los Mexicles, asaltó el penal estatal número 3 del CERESO en plena madrugada. La operación fue rápida y precisa, culminando con la liberación de varios prisioneros, incluido Ernesto Piñón, alias «El Neto», líder del grupo. El saldo fue devastador: 17 muertos, entre ellos custodios y reclusos, mientras que la ciudad se sumergió en el caos y el miedo.
Los Mexicles no son un grupo criminal cualquiera; surgieron como una extensión de los cárteles más grandes que operan en la región, pero con el tiempo se consolidaron como una organización con poder propio. Este grupo ha estado involucrado en numerosos actos delictivos, incluyendo extorsiones, secuestros y tráfico de drogas. Sin embargo, su influencia se ha extendido más allá de las calles, logrando penetrar el sistema penitenciario, desde donde operan con una sorprendente impunidad.
El asalto al penal fue un golpe contundente que desnudó las profundas fallas en el sistema de seguridad de las cárceles mexicanas, en especial de Ciudad Juárez. La fuga de Piñón no fue un acto aislado, sino el resultado de una operación meticulosamente planeada que puso en evidencia la capacidad logística y operativa de Los Mexicles. Tras el ataque, las autoridades descubrieron celdas VIP dentro del CERESO, equipadas con lujos inimaginables para una prisión. Los reclusos de Los Mexicles no solo contaban con electrodomésticos y muebles de lujo, sino que también disponían de una cantidad significativa de armas y dinero en efectivo. Esto confirmó lo que muchos ya sospechaban: el crimen organizado tenía control sobre el penal y, posiblemente, sobre otras instituciones gubernamentales.
La corrupción desenfrenada dentro del sistema penitenciario permitió que grupos como Los Mexicles consolidaran su poder. Las celdas VIP, más que un símbolo de la opulencia dentro de la cárcel, representan el nivel de penetración que el crimen organizado ha logrado dentro de las instituciones. Las autoridades judiciales y penitenciarias enfrentan una tarea monumental: limpiar un sistema corrompido hasta sus raíces y restablecer la confianza pública. Las cárceles de Juárez, en lugar de ser centros de rehabilitación, se han convertido en bases operativas desde donde los cárteles continúan sus actividades ilícitas.
La liberación de Ernesto Piñón, alias «El Neto», solo empeoró la situación de seguridad en Ciudad Juárez. Tras su fuga, Los Mexicles retomaron actividades con mayor violencia, sembrando el miedo entre la población. Aunque las fuerzas de seguridad respondieron rápidamente, implementando operativos en la ciudad, la sensación de vulnerabilidad ya había calado entre los ciudadanos. Los días siguientes al ataque estuvieron marcados por una tensión palpable. Muchos se preguntaban si el gobierno era realmente capaz de controlar la violencia en la región y, más importante aún, si alguna vez sería posible erradicar la influencia del crimen organizado en la ciudad.
Sin embargo, la libertad de «El Neto» fue efímera. Apenas días después de su fuga, fue localizado por las fuerzas de seguridad mexicanas en un operativo de alto riesgo. El 5 de enero de 2023, Ernesto Piñón fue abatido en un enfrentamiento con elementos de seguridad en la ciudad. A pesar de su muerte, el legado de violencia y corrupción que dejó su fuga continuó teniendo un impacto duradero en la ciudad. Aunque la captura y muerte de «El Neto» representaron una victoria simbólica para las autoridades, no fue suficiente para erradicar el control que Los Mexicles y otros grupos criminales mantienen en Ciudad Juárez.
El asalto también puso en evidencia la necesidad urgente de una reforma profunda en el sistema penitenciario mexicano. Las cárceles, que deberían funcionar como espacios de rehabilitación y castigo, han sido cooptadas por los cárteles para convertirse en centros de poder. Sin una intervención decidida del gobierno, estos espacios seguirán siendo epicentros de corrupción y violencia. La fuga de «El Neto» dejó al descubierto las grietas en el sistema, y mientras no se apliquen reformas estructurales, la seguridad en Ciudad Juárez seguirá pendiendo de un hilo.
A pesar de los operativos y detenciones posteriores al ataque, el daño ya estaba hecho. Ciudad Juárez quedó marcada por un episodio que no solo expuso la fragilidad del sistema de seguridad, sino también la capacidad que tienen los grupos criminales de actuar con casi total impunidad. En muchos sentidos, el caso de Los Mexicles es un reflejo de los problemas más profundos que enfrenta México: la corrupción institucional, la falta de control en las cárceles y la omnipresencia del crimen organizado.
Este caso también sirve como un recordatorio de que la lucha contra el crimen organizado no puede limitarse a operativos militares o policiales. Se necesita una estrategia integral que incluya la reforma del sistema judicial, el fortalecimiento de las instituciones y, sobre todo, la erradicación de la corrupción. Sin estos cambios fundamentales, Ciudad Juárez y otras regiones afectadas por el crimen organizado seguirán atrapadas en un ciclo de violencia.
El ataque al penal de Ciudad Juárez fue un punto de inflexión para la seguridad pública en la región. Los Mexicles, con su fuga, demostraron que tienen la capacidad de desafiar al Estado y sus instituciones. Para que la ciudad logre encontrar un camino hacia la paz, será necesario un esfuerzo conjunto entre el gobierno y la sociedad. El crimen organizado ha logrado infiltrarse profundamente en las estructuras del poder, y solo mediante una acción decidida y sostenida será posible comenzar a erradicar esta amenaza.
El caso de Los Mexicles ha dejado una marca indeleble en Ciudad Juárez. La ciudad enfrenta enormes desafíos para restaurar la confianza en sus instituciones y garantizar la seguridad de sus habitantes. Sin embargo, este caso también ofrece una oportunidad para aprender de los errores del pasado y comenzar a construir un futuro más seguro y justo.
