Sí hay un ángulo mucho más profundo que la pura discusión técnica del agua: la apertura de presas y cualquier señal de extracción para cumplir el tratado con Estados Unidos puede convertirse en uno de los temas más explosivos rumbo a 2027, porque toca al mismo tiempo campo, identidad regional, agravio histórico y relación con la Federación. En Chihuahua, el agua no es solo recurso: es memoria política. Y eso cambia por completo su peso electoral.
El punto de partida es este: la apertura reciente de La Boquilla y Las Vírgenes, en marzo de 2026, fue presentada oficialmente como arranque del ciclo agrícola, no como pago directo a Estados Unidos. El plan reportado para el ciclo fue extraer alrededor de 500 millones de m³ de La Boquilla y 150 millones de m³ de Las Vírgenes, para un total de 650 millones de m³ destinados al riego, con una cobertura restringida de apenas 35% de la superficie cultivable; días después, Conagua reiteró que el ciclo agrícola estaba garantizado y que cualquier decisión adicional vinculada al Tratado de 1944 seguía en análisis.
Pero políticamente el problema no es solo lo que ya ocurrió, sino la sospecha de lo que puede venir después. Claudia Sheinbaum reconoció públicamente el 25 de marzo que Chihuahua es uno de los estados más afectados por la presión de EU para cumplir el tratado, aunque también dijo que no puede comprometerse ni el agua para consumo humano ni la del uso agrícola. Esa combinación abre una zona gris muy peligrosa: el gobierno federal admite presión internacional, reconoce que Chihuahua está en el centro del problema, pero al mismo tiempo no termina de cerrar del todo la puerta a maniobras futuras sobre las presas de la cuenca del Conchos.
Ahí está el corazón electoral del asunto: en Chihuahua no se va a votar solo por quién tenga mejor propuesta hídrica, sino por quién logre convencer de que no va a “entregar” el agua del estado. La herida de 2020 sigue viva en la memoria política local y cualquier movimiento sobre La Boquilla, Las Vírgenes o El Granero activa de inmediato el reflejo de defensa regional. Por eso este tema puede ser más potente que muchos otros en campaña: no se siente administrativo, se siente existencial. La discusión pública deja de ser “gestión del recurso” y se vuelve “quién defiende a Chihuahua y quién se dobla”.
Y aquí viene el dato más importante para el mapa electoral: el tema del agua no pega igual en todo el estado. En Juárez importa por abasto, crecimiento urbano y futuro hídrico, pero donde realmente puede incendiar políticamente la elección es en Delicias, Camargo, Meoqui, Rosales, Julimes y todo el centro-sur agrícola, porque ahí la apertura de presas es ingreso, siembra, tierra, deuda y supervivencia. El propio arranque del ciclo 2026 fue presentado como una reactivación económica para una región cuya actividad depende principalmente de la agricultura de riego, y el año previo ni siquiera se había podido abrir por los bajos niveles. Por eso, en esa zona, cualquier candidato que parezca tibio frente a la Federación puede pagar un costo altísimo.
¿Cómo afecta esto a cada bloque o aspirante? Empiezo por el PAN, porque ahí el tema es más delicado. Maru Campos y su gobierno tienen una contradicción incómoda: políticamente necesitan aparecer como defensores del agua de Chihuahua, pero institucionalmente no controlan el tratado ni la decisión final. De hecho, a fines de 2025 Maru Campos dijo no tener conocimiento sobre cuánto se extraería de las presas para el tratado, y días después Santiago de la Peña dijo esperar una explicación puntual de Conagua y Presidencia sobre lo que implicaría la entrega de agua en el estado. Eso puede servirles para colocarse como “defensores frente a la Federación”, pero también los expone a la crítica de falta de control o falta de información en un tema central.
Para Marco Bonilla, el agua puede ser oportunidad y trampa a la vez. Oportunidad, porque ya fijó una línea discursiva que funciona bien en Chihuahua: revisar el tratado, responder con firmeza y no entregar agua que no existe; incluso llegó a resumirlo con una frase de alto impacto político: “agua no tengo”. Esa postura le sirve mucho para el electorado del PAN y para el centro-sur, porque lo coloca del lado de la defensa local. Pero también tiene una limitante: si endurece demasiado el discurso, puede verse más eficaz como opositor del gobierno federal que como eventual gobernante con capacidad real de negociación. Es decir, gana aplauso local, pero puede perder estatura ejecutiva si su posición luce solo reactiva.
En el caso de Morena, el problema es aún más complejo. Morena puede intentar vender coordinación institucional con la Federación, pero justamente por eso carga con el mayor costo si en Chihuahua se instala la percepción de que sí habrá extracción para cumplir con EU. Andrea Chávez ha construido una narrativa de crisis hídrica, derecho al agua y responsabilidad gubernamental, pero su reto no es discursivo, sino de ubicación política: al estar vinculada al proyecto nacional, una parte del electorado del centro-sur puede verla no como defensora autónoma del agua de Chihuahua, sino como extensión de la lógica federal. Y en este tema, estar cerca del poder central puede restar más de lo que suma.
Dicho brutalmente: si la conversación se instala en que “la Federación quiere sacar agua y Morena lo está administrando”, Morena entra a un terreno muy complicado en el centro-sur. La única salida viable es una postura muy clara de defensa local sin romper con el gobierno federal, pero ese equilibrio es difícil. En el tema del agua, la ambigüedad se castiga.
Cruz Pérez Cuéllar entra distinto. No trae hoy una postura tan frontal sobre el tema de las presas, y eso también es político. Puede intentar jugar más a la moderación y al equilibrio regional, pero en un tema tan cargado emocionalmente, no fijar postura también tiene costo. En una crisis de agua, el silencio o la tibieza se leen como falta de compromiso.
El PRI, aunque no tenga el control del tablero, sí puede aprovechar el tema. Álex Domínguez ya tomó una línea clara al pedir que la Federación priorice al campo y advertir que el campo no puede pagar el costo de decisiones externas. Esa postura le permite posicionarse como defensor regional sin cargar con el costo total de gobierno. No le alcanza para ganar solo, pero sí para crecer en zonas rurales y complicar la elección.
Ahora, la clave real está en cómo se encuadre la apertura de presas. Si se sostiene que fue exclusivamente para el ciclo agrícola, el tema se contiene. Pero si se mezcla con la idea de que Chihuahua terminará entregando agua para cumplir compromisos internacionales, el tema se convierte en símbolo de sometimiento. Y en ese escenario, gana quien mejor represente resistencia local, no quien tenga la mejor propuesta técnica.
Por eso, electoralmente, el escenario se ve así: si el tema se mantiene en lo agrícola, el PAN gana margen; si se vincula al tratado, Morena carga el costo más alto; Marco Bonilla crece si se posiciona como defensa clara; Morena necesita precisión extrema para no pagar desgaste; el PRI puede capitalizar el enojo regional; y Cruz Pérez Cuéllar necesita fijar postura para no quedar fuera del eje del conflicto.
La conclusión es esta: el agua puede convertirse en el tema que reordene completamente la elección porque no divide solo por partido, divide por territorio. Juárez lo ve como futuro urbano, la capital como narrativa política, pero el centro-sur lo vive como supervivencia inmediata. Y cuando un tema conecta historia, economía y territorio, deja de ser técnico… y se vuelve decisivo.
