En Ciudad Juárez la política rara vez se mueve por calendario; se mueve por territorio. Por obras que se ven, por recorridos que se sienten, por discursos que circulan y por una pregunta que aparece antes de cada elección: ¿quién está gobernando la ciudad y quién está construyendo una candidatura? Hoy, esa tensión se concentra en dos figuras que dominan la conversación pública: Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con control del aparato municipal, y Andrea Chávez, senadora juarense convertida en uno de los rostros más visibles de Morena en Chihuahua. Uno administra, la otra empuja. Y aunque no se nombren como rivales, el choque ya está presente.
Cruz Pérez Cuéllar ha construido su perfil desde la lógica de la gestión. Su discurso gira alrededor de pavimentación, recarpeteo, rehabilitación urbana, programas sociales y atracción de inversión. En una ciudad donde el deterioro vial afecta directamente el bolsillo y la rutina diaria, estas acciones tienen un impacto tangible y una traducción política inmediata. La narrativa del alcalde se apoya en la idea de orden administrativo y de resultados visibles, reforzada por inauguraciones constantes y presencia institucional en distintos puntos de la ciudad.
Sin embargo, Juárez no mide la gestión sólo en metros cuadrados pavimentados. La pregunta recurrente es si esa agenda alcanza para enfrentar los problemas estructurales que arrastra la ciudad: inseguridad persistente, desigualdad territorial, rezago en servicios básicos y una brecha evidente entre zonas atendidas y colonias olvidadas. A esto se suma un factor que pesa especialmente en una ciudad marcada por la memoria de la corrupción: las controversias que han rodeado a la administración, desde señalamientos sobre presuntos vínculos irregulares hasta investigaciones que, aunque no concluidas, han dejado una sombra sobre la narrativa de eficiencia.
También ha sido cuestionado su énfasis en proyectos urbanos emblemáticos. Para algunos sectores, estas intervenciones ayudan a renovar la imagen de la ciudad y a detonar inversión; para otros, reflejan una lógica de escaparate que no siempre coincide con las prioridades más urgentes de las colonias periféricas. En Juárez, donde la desigualdad se vive por cuadra, el debate sobre en qué se gasta y para quién se gasta nunca es menor.
Del otro lado del tablero está Andrea Chávez, cuya influencia no se construye desde la obra pública, sino desde la identidad política. Joven, juarense y senadora por Morena, su perfil encarna la renovación generacional que el partido ha promovido a nivel nacional. Su discurso se centra en justicia social, derechos de las mujeres y transformación institucional, y su presencia constante en territorio y redes sociales le ha permitido conectar con sectores jóvenes y progresistas.
Pero esa visibilidad también ha generado críticas. Para muchos observadores en Juárez, la actividad política de Chávez se percibe menos como representación legislativa y más como una campaña permanente. Las polémicas alrededor del uso de su imagen en brigadas y caravanas de atención social reforzaron la idea de que su agenda prioriza el posicionamiento personal. Aunque la senadora ha buscado ajustar esas estrategias, el debate sobre los límites entre apoyo social y promoción política sigue abierto.
En el fondo, la crítica central no es ideológica, sino territorial. A Chávez se le exige que su discurso nacional tenga una traducción concreta en Juárez: gestión de recursos, incidencia real en políticas públicas y resultados verificables que vayan más allá de la presencia mediática. En una ciudad que históricamente ha sido utilizada como plataforma política, la ciudadanía es cada vez más exigente con quienes dicen representarla desde el centro del país.
La tensión entre Pérez Cuéllar y Chávez también es generacional y de lenguaje. El alcalde representa una forma tradicional de hacer política municipal: administración, control institucional y resultados inmediatos. La senadora encarna una narrativa de transformación, con énfasis en el discurso y la movilización simbólica. El problema es que Juárez no cabe en una sola lógica. Es frontera, es industria, es migración, es desigualdad, es resiliencia. Aquí, ni la obra sin visión ni el discurso sin resultados son suficientes.
Más que un duelo personal, lo que se está jugando es el modelo de liderazgo que Juárez quiere —o está dispuesto a tolerar— en los próximos años. Para el alcalde, el reto es demostrar que la gestión no es sólo inauguración y que puede traducirse en soluciones profundas y sostenibles. Para la senadora, el desafío es probar que la representación federal puede ir más allá del posicionamiento político y convertirse en beneficios concretos para la ciudad.
En una ciudad acostumbrada a desconfiar porque demasiadas veces tuvo razón para hacerlo, la discusión no debería centrarse en quién gana la partida, sino en quién está dispuesto a someter su ambición a un contrato real con la ciudadanía. Juárez no necesita héroes ni figuras providenciales. Necesita liderazgos que entiendan que gobernar esta frontera implica algo más que administrar recursos o acumular visibilidad: implica responder, de forma consistente, a una ciudad que ya no se conforma con promesas.
